Cadena de favores

El alcalde se rinde ante la labor de Cadena de favores

Cabezones, insistentes y luchadores. Los miembros de la asociación Cadena de favores no han parado hasta conseguir una nave en la que poder guardar toda la ropa, alimentos y material que la gente les dona para repartirlos entre las personas que más los necesitan.
Han tenido que demostrar su efectividad durante todo un año, pero ha valido la pena, pues ayer el alcalde, Javier Lacalle, les confirmó que dispondrán ipso facto de un almacén lo suficientemente grande para poder liberar los pasillos y trasteros de sus casas.

«Y con luz. Por fin tendremos luz», comentaron risueñas Laura Villagrasa y Elena Maeso, tras salir de la reunión. Sus sonrisas y sus saltos de alegría lo decían todo y sumaban a su larga lista de triunfos una nueva batalla ganada.
Necesitaron 50 largos minutos para que el alcalde hiciera efectivo el acuerdo. «Veníamos con ganas de pelear por el local, pero no pensábamos que íbamos a salir de aquí con él», comentó Laura.
«No nos lo esperábamos, pero enseguida ha cogido el teléfono y delante de nosotras se ha puesto a llamar para alquilar el espacio», explicó ilusionada Elena. Añadió que el alcalde, además de hacerse cargo del arrendamiento, también costeará los gastos de esa luz que tantos quebraderos de cabeza les ha dado. «Y todas las estanterías que necesitemos para colocar las cosas», les prometió.

El respaldo de la alcaldía supone todo un incentivo para el grupo que ayer mismo planeaba cómo organizarse para comenzar los traslados. «Hay que ir mirando las furgonetas con las que podemos contar», comentaron. «¡Empezamos ya!», exclamaron.
La reunión también sirvió para presentar oficialmente la asociación al equipo de gobierno, aunque el propio Lacalle les corroboró que ya conocía su existencia. Además alabó el trabajo que han estado realizando en un encuentro muy cercano, pues aunque las recepciones en la alcaldía exigen una cierta formalidad, con ellos «sobran los protocolos», afirmaron al salir.
El alcalde se dio cuenta enseguida al ver que a los cuatro miembros con los que preveía reunirse se sumó uno más, de apenas medio metro, que le sacó la lengua nada más verle. Una proximidad que hacen patente en cada uno de los objetos que entregan y en cada una de sus iniciativas, ya sea la compra de material escolar o la adquisición de una silla de ruedas.

Subvenciones para atender a víctimas de violencia de género y luchar por la igualdad

Subvenciones de 1,6 millones para atender a víctimas de violencia 

de género y luchar por la igualdad

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León, reunido este jueves, ha aprobado un conjunto de subvenciones, por importe de 1.624.873 euros, para atender a víctimas de violencia de género y luchar por la igualdad entre mujeres y hombres. De esta cantidad, algo más de un millón de euros irá destinado a entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro que forman parte de la Red de Atención a víctimas de violencia de género para que mantengan la atención en los centros de acogida que existen en la Comunidad. El resto, 567.287 euros, se dedicará a promocionar la igualdad como medida primordial para prevenir la violencia de género. Diez entidades privadas sin ánimo de lucro recibirán 890.553 euros de subvención: Cruz Roja Castilla y León para que mantenga sus centros en Burgos, Ponferrada, León, Valladolid y Salamanca, así como las casas de acogida que tienen en León la Asociación Simone de Beauvoir, Nuestra Señora de Fátima, la Asociación Isidora Duncan o la Asociación Leonesa de la Caridad; la Asociación Beatriz de Suabia y las Adoratrices, ambas en Salamanca; la Asociación Apyfim, en Segovia, y las Adoratrices y Cáritas Diocesana, ambas en Valladolid. A esto hay que sumar la subvención, por importe de 167.033 euros, dirigida a cinco ayuntamientos de capitales de provincia (Ávila, Burgos, Palencia, Soria y Zamora) para que gestionen sus casas de acogida de la Red de Atención a víctimas de violencia de género.

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Discriminación en Ayuntamiento de Burgos

Hace 17 años a Roberto le dijeron que «el Ayuntamiento no quiere minusválidos», pero que podía estar 15 días a prueba en el Servicio Municipalizado de Aguas y, si la superaba, podría quedarse como interino. Y se quedó. Tantos como 16 años. «Es un tipo formidable; no coge bajas, se lleva bien con todos sus compañeros y es un currante», cuentan en la hoy empresa municipal. ¿Entonces?

Su discapacidad visual nunca le impidió «estar 14 horas en una esquina regulando el tráfico o meterme a cinco metros bajo tierra; lo que hiciera falta porque me encantaba mi trabajo». Hasta que en enero de 2012 le dijeron que debía pasar una revisión médica. Lo hizo «y al día siguiente me echaron por teléfono». Se negó a firmar el despido y al final le dejaron seguir trabajando en los talleres. No era la calle, pero era un empleo «y estaba agradecido».
Sin embargo, en enero de 2013 Aguas mandó a la calle a todos los empleados eventuales, sin distinción. Camuflado en un despido masivo ya no tendría muchas posibilidades de demostrar donde fuera necesario que durante más de década y media cumplió a rajatabla con todos los trabajos que le encomendaron.
Y así fue como comprobó en su propia piel que si la vida en este país se ha vuelto muy puñetera para millones de ciudadanos, para los que además cargan con alguna discapacidad es un lugar ciertamente hostil. Mucho. «Me pasé meses y meses buscando trabajo, pero a una persona con discapacidad le ofrecen muy pocos puestos y casi todos relacionados con control de calidad, que es justo lo que yo no puedo hacer», cuenta.
Tiene, eso sí, una pensión reconocida de 350 euros al mes, pero es todo lo que ingresa desde hace un año y medio. Los ahorros se agotan y sabe que tendrá que depender de sus padres para no verse en la calle y apechugar con las facturas. Su historia, llegada a este punto, rezuma una vergüenza que ninguna persona decente debería sentir, pero que está apestando el país a golpe de paro y olvido institucional.
La paradoja
«Escribí a la concejala (Carolina Blasco), hablé con ella y me ofrecí a trabajar y a cobrar lo que cuesta la multa, porque sé que se la volverán a poner este año, y al siguiente, y así hasta que cumplan la Ley. Creo que son unos 300 euros al mes; yo con eso y con la pensión podría ir tirando y estoy dispuesto a trabajar ocho horas a cambio, pero no quisieron», lamenta.
Sabe, también, que si Aguas convocara las plazas para ese 2% podría ser él o cualquier otra persona la elegida, pero lo asume con deportividad. «Al menos caería en casa de una persona en lugar de estar tirando el dinero pagando multas. Si no soy yo, que ayuden a otro», zanja. Mientras, la sanción de 2014 va creciendo.

Asumió que venían mal dadas y continuó buscando trabajo. Hasta que supo que Aguas de Burgos había sido multada durante una inspección de trabajo por no haber reservado al menos el 2% de su plantilla a trabajadores con algún tipo de discapacidad. Era el colmo. Aguas le negaba un empleo y la inspección multaba a Aguas por no contratar a alguien como él.

Fuente: Diario de Burgos

Documental "Las Maestras de la República"

Hoy proyección del documental y coloquio sobre Las Maestras de la República en la Casa de la Cultura de Gamonal:

Desempleo en Burgos

11.800 parados no reciben ninguna prestación

La renta garantizada de ciudadanía beneficia en Burgos a 1.500 personas con 558 expedientes activos.

La prestación contributiva cae un 14% desde el mes de enero. Hay un 30% más de personas que no cobran nada que quienes tienen paro.

La cobertura social de los trabajadores sin empleo se va reduciendo conforme avanza el año. La dura y prolongada crisis deja a muchos parados de larga duración sin posibilidad de percibir prestación alguna porque los plazos se agotan sin posibilidad de encontrar un puesto de trabajo. Burgos registró en abril 31.568 parados. De todos ellos, restando los burgaleses sin trabajo anterior que no tienen derecho a prestación, deja a 11.836 personas sin ningún tipo de prestación ni contributiva ni asistencial. 

El ritmo de destrucción de la cobertura social se va acelerando conforme la crisis sigue alargándose en el tiempo. Desde enero un total de 1.457 personas han agotado la prestación contributiva. Entonces percibían el paro 10.308 burgaleses. El pasado mes de abril la cifra bajó hasta 8.851 personas. «La situación es muy difícil, hay muchas personas que llevan más de dos años que no encuentran nada, tienen que acudir a estas ayudas familiares pero con los recortes  se complica aún más el acceso a estas prestaciones», apunta el secretario provincial de CCOO, Fidel Velasco. En la misma línea se expresa el secretario provincial de UGT, Roberto Gomez, quien cree que «es absolutamente necesario ampliar los subsidios porque ya es un 40% el número de personas que no perciben absolutamente nada y que no se les puede dejar abandonados».

Cuando el paro se agota existen tres tipos de ayuda a los que acceder. Están las prestaciones de nivel asistencial divididas en ocho diferentes apartados cuando el periodo cotizado es insuficiente para acceder al paro, ayudas para mayores de 55 años, para fijos discontinuos, por agotamiento de la prestación contributiva y el programa temporal de protección por desempleo. A estas ayudas hay que sumar la renta activa de inserción y la subvención prepara. 

Un total de 8.851 parados burgaleses tenían derecho a la prestación contributiva, generado durante sus años de trabajo, pero las mensualidades no pueden superar los dos años. Después empieza el periplo de solicitudes, criterios para saber si pueden percibir o no alguno de los subsidios habilitados. En abril el número de subsidios generados era de 6.737. A ellos hay que sumar las 1.254 rentas activas de inserción en la provincia así como las 420 subvenciones prepara aprobadas. 

Cuando todo este tipo de ayudas asistenciales se han agotado tan sólo resta solicitar la renta garantizada de ciudadanía que en Castilla y León está activa. Depende de la consejería de Familia y, hasta el pasado 30 de abril, beneficiaba a 1.500 burgaleses con un total de 558 prestaciones activas. Desde la puesta en marcha de esta prestación autonómica, gestada en la mesa del Diálogo Social de la región que incluye a sindicatos, patronal y administración, se han aprobado en Burgos un total de 1.258 ayudas que han beneficiado a un total de 3.222 burgaleses. La cuantía media de esta ayuda en 2013 ascendió a 545 euros. 



En 2013 un total de 6.890 burgaleses se beneficiaron de alguna de las prestaciones asistencial. De esta manera 937 percibieron alguna prestación por no tener el periodo de cotización suficiente para cobrar el paro. 22 personas recibieron esta ayuda por despido individual, 16 por finalización del periodo de prueba, 721 por la finalización de un contrato temporal y 178 por otras causas. Un total de 3.183 burgaleses perciben la ayuda de parados mayores de 55 años, 17 el subsidio de fijos discontinuos y 2.648  cobran la ayuda por el agotamiento de la prestación del nivel contributivo. Cuando estas aportaciones se agotan sólo puertas como las de Cáritas, Cruz Roja o el Banco de Alimentos se abren.

Fuente: El Correo de Burgos

Ayudas y plan de empleo

La Junta destina algo más de 2,4 millones de euros a los municipios de más de 20.000 habitantes

Los municipios de Burgos con más de 20.000 habitantes, entiéndase la capital, Aranda y Miranda, van a recibir una cuantía total de 2.389.050 euros dentro del fondo para la financiación de servicios de proximidad a los ciudadanos. 
Esta partida se acordó ayer tras el Consejo de Gobierno que aprobó los acuerdos para distribuir el fondo para la financiación global de los municipios de la Comunidad, según recogió Iocal.
Los municipios de Castilla y León reciben a partir de esta aprobación una cuantía total de 41.873.130 euros para el año 2014, cifra que supone un incremento del diez por ciento respecto a la aprobada en 2013.
El Ayuntamiento de Aranda de Duero recibirá 607.911 euros; Burgos contará con 1.156.705 euros mientras a Miranda de Ebro se destinarán 624.434 euros.

Más ayudasPor otra parte la Junta también repartirá unos fondos incondicionados que ascienden 29.804.007 euros y de los cuales a 3.591.584 euros se dirigen a los municipios de 20.000 o menos habitantes de la provincia.
La cantidad total atenderá las necesidades de 2.233 municipios de menos de 20.000 habitantes que se reparten por toda la región. Esta partida se incrementa en un 10% respecto a 2013.
La Diputación será quien se encargue de la distribución de esta partida en base a unos requisitos en función de la población, el nivel competencial y la dependencia del municipio o no de entidades locales menores.
Además, el consejero de la Presidencia del órgano regional suscribió también una orden por la que las diputaciones provinciales percibirán 16.082.156 euros para políticas sociales y gasto corriente. En este sentido Burgos recibirá 1.535.807 euros.

Plan de EmpleoPor otro lado, la Consejería de Economía y Empleo de la Junta destinará un total de 1.455.900 euros a la Diputación de Burgos para dinamizar los programas del Plan de Empleo Local. Esta cuantía se traducirá en la creación de 254 puestos de trabajo en 141 municipios de la provincia.
De este modo los pequeños núcleos de la provincia se beneficiarán de este acuerdo que se firmó ayer entre el Gobierno de la Comunidad y las nueve diputaciones de la región por más de 14,7 millones de euros para desarrollar durante 2014 el nuevo Plan de Empleo Local.
En primer lugar, en un plan de empleo para obras y servicios de interés general, que contratará a 205 empleados. En segundo lugar, se definió un plan de empleo para personas en exclusión en el que se contratará a 40 personas. Y el tercer programa estará destinado a la contratación de nueve técnicos de dinamización que centrarán su trabajo en la búsqueda y creación de oportunidades económicas, especialmente en el medio rural, realizando una importante labor en coordinación con la Ade Rural.

Espacios públicos Burgos

Por tercera vez en la Asamblea de Gamonal nos encontramos con trabas a la hora de organizar eventos en la Casa de Cultura de Gamonal.

 La primera fue la negativa a la Comisión de Participación Ciudadana a celebrar allí sus reuniones, porque lo pidió la Asamblea de Gamonal. Al igual que la segunda, que fue el intento de cancelación de unas jornadas sobre Deuda Pública por parte del consistorio sólo porque había sido convocado por la Asamblea de Gamonal, mientras que el espacio había sido cedido a la Asociación ‘Todos Unidos’.

También, después de un mes, nos han denegado verbalmente (luego será por escrito) la instalación de los Buzones de la campaña ‘Pateando el Barrio’ en los que se pretende recoger la opinión del vecindario, en Centros Cívicos, Casa Cultura y Bibliotecas. La razón: que hay ‘otras formas’ de recoger la opinión de los vecinos.

Ahora que estamos preparando un evento para junio, nos exigen desde el Ayuntamiento que en el cartel figure el organismo a quien se cede el espacio. Bien. Así lo haremos.

Sin embargo, queremos expresar nuestro malestar por la apropiación que este Ayuntamiento hace de lo público; los espacios como la Casa de Cultura de Gamonal, los CEAS o Centros Cívicos ya no son de todos y todas, sino que parece que son propiedad de las instituciones, o más bien de los concejales del Partido Popular y su alcalde. Las normas arbitrarias y restrictivas que han impuesto obligan a pagar o constituirse en una asociación sin ánimo de lucro para poder disfrutarlos. Y, en los casos de la Sala Polisón o el Salón Rojo, los espacios más solicitados de la ciudad, ni siquiera esto es una garantía para poder hacer uso de ellos; sólo pueden utilizarlo gratuitamente los partidos políticos (con representación electoral, por supuesto) y aquellas personas o agrupaciones a las que el Partido Popular tenga en especial consideración.

Estos espacios deberían ser públicos y estar disponibles para que cualquier persona pudiera hacer uso de ellos. Pues lo contrario nos deja claro que la Administración, lejos de favorecer la organización de la ciudadanía para participar en los asuntos públicos, pretende ponerla coto y regularla de manera interesada.

Pensamos que lo interesante es que las personas se interesen por los asuntos públicos, no la forma en la que éstas se organizan. ¿Por qué imponer a los colectivos que formen una asociación para poder hacer uso de unas instalaciones que han sido pagadas con sus impuestos? ¿Por qué obligar al pago para el uso de ciertos espacios? ¿Por qué hay que someterse a todas estas normas arbitrarias?

Programa informático permite a los oyentes entender a las personas sordas

Con la cámara de una videoconsola y 24 horas de programación a contrarreloj, cuatro jóvenes han creado un sistema que pone voz a las personas sordas reproduciendo en audio el lenguaje de signos. 

Esta es la idea ganadora del HackForGood 2014, un concurso nacional en el que 600 informáticos han puesto a prueba su destreza y creatividad para crear aplicaciones que resuelvan necesidades sociales. El equipo ganador, formado por estudiantes de la Universitat Politécnica de Valencia en Gandia, se centra ahora en continuar gestando un proyecto que pretenden poner en la calle cuanto antes. Aunque la idea, llamada ShowLeap, está todavía en las primeras fases de su desarrollo, los ganadores explican que en el futuro las personas sordas podrán tener este sistema de locución en su propio teléfono móvil.

El sistema consiste en una cámara que detecta los movimientos en tres dimensiones y registra los signos hechos con las manos. Un ordenador procesa dicha información y reproduce en audio la palabra que se corresponde con ese movimiento. De esta manera, quien no entiende el lenguaje de signos puede comprender la conversación. “La cámara se llama Leap Motion. Se inventó en Estados Unidos y estaba pensada para jugar a videojuegos. Tú haces gestos en el aire y el cuerpo del personaje de la pantalla se mueve. Pero claro, ese aparato puede programarse para cualquier cosa. Así que lo que hicimos en el concurso fue programarlo para que hiciera lo que nosotros queríamos”, detalla el portavoz del equipo Jordi Belda. 
 El programa será probado por personas sordas pero el siguiente objetivo es hacer más compleja la base de datos para que reconozca cada vez más vocabulario. “Empezar con todo no es factible. 

Tenemos pensado hacerlo por librerías. ¿Qué significa? Por ejemplo, en una librería del entorno laboral de un supermercado habría signos de la parte del idioma que más utilizarías. Lo organizamos así para que el sistema sea funcional lo más pronto posible”. Por el momento las aplicaciones de este proyecto se circunscriben al ámbito laboral y lugares públicos pero parece que esto no va a tardar en cambiar. 

“Ahora mismo la cámara solo puede utilizarse en ordenadores, pero está previsto que en breve salga un controlador para el sistema Android que llevan los teléfonos móviles. Esto es interesante porque lo que querríamos hacer cuando salga es trasladarlo al móvil de manera que allá donde estés el móvil pueda hablar por ti”, explica Jordi Belda. 

 El coste de la cámara ronda los 80 euros. Con un tamaño similar a una memoria USB, Belda explica que podría integrarse en el propio terminal de telefonía. Jordi Belda explica que no han recibido ninguna oferta de compra del proyecto y no van a parar hasta verlo materializado: “Tenemos la idea, estamos motivados y en cuanto tengamos el tutor la continuaremos desarrollando”.

IV Jornadas de Educación

Mañana martes 13 de mayo darán comienzo las IV Jornadas de Educación de la CGT de Burgos, que este año llevan por título “Saltando leyes. Hay alternativas”.

En un contexto en el que las leyes educativas cambian casi cada vez que se produce un cambio de gobierno (LODE, LOGSE, LOCE, LOE, LOMCE…), atendiendo más a intereses políticos que educativos, nos plantearemos qué experiencias pedagógicas alternativas se han desarrollado a lo largo del tiempo dentro del marco de la escuela pública que puedan permitirnos  desarrollar una educación integral, coherente y relevante dentro de la sociedad en la que vivimos, sean cuales sean las leyes que sucesivamente nos vienen imponiendo.

Las jornadas comenzarán con una charla titulada “Obedecer o pensar, consumo o ciudadanía”, a cargo de Miguel Ángel Aragón, miembro de Concejo Educativo de Castilla y León.

¿Qué enseñamos y cómo lo hacemos? ¿Qué finalidad persigue el sistema educativo? ¿Cómo se relaciona la educación con la realidad en la que estamos inmersos? Con la implantación de una ley como la LOMCE, que primará la enseñanza financiera y el emprendimiento por encima de las enseñanzas artísticas debemos plantearnos si estamos de acuerdo en dar mayor relevancia a Botín y sus actividades que a Chopin y sus obras artísticas, por poner solo un ejemplo. ¿Es más importante el mercado que las personas?

¿Es posible desarrollar una enseñanza menos memorística, fragmentada y prefabricada por la industria editorial? ¿Se puede trasladar el centro del proceso educativo del profesorado al alumnado? ¿Se puede conseguir esto dentro del marco de la LOMCE que impone unas pruebas estandarizadas que evaluarán a todo el alumnado sin tener en cuenta ninguna particularidad social ni intelectual o afectiva?

El jueves 15 de mayo, Sebastián Gertrúdix, miembro del Movimiento Cooperativo de Escuela Popular (MCEP), hablará de “La autogestión escolar en el sistema educativo público”. Nos plantearemos si posible organizar los centros educativos partiendo de la implicación del profesorado, el alumnado y las familias, que trabajen en equipo en el desarrollo de un proyecto educativo propio, participando en la elaboración de las normas de funcionamiento, contenidos y actividades. ¿O, por el contrario, es necesaria la figura de un director-gestor que decida todo lo que ocurra en el centro, como nos propone la LOMCE? ¿Es posible ejercer la autonomía de la que habla la nueva ley y compatibilizarla con un liderazgo cada vez mayor de las direcciones y administraciones?

Por último, el jueves 22 mayo tendrá lugar la proyección y debate: “La educación expandida”. Documental que ofrece una mirada crítica y desafiante al sistema educativo tradicional.

Todos los actos se celebrarán en el Salón de Actos del Edificio Sindicatos en calle Calera, 12, bajo.

Estas jornadas surgieron hace ahora cuatro años con el objetivo de convertirse en un foro de reflexión y debate sobre educación, sobre su sentido y sobre su práctica, un foro abierto a toda la comunidad educativa de Burgos y a la ciudadanía en general, a la que invitamos a participar.

El racismo se cura viajando

VII Jornadas de Terapia Ocupacional

La privación de libertad supone la mayor condena que nuestra democracia puede imponer a una persona. Encerrar a alguien durante años, quizás décadas, con la pretensión teórica de reinserción pero con el peligro cierto de truncar toda una vida.
Desde esa perspectiva de la «realidad penitenciaria desde una mirada de género» Daniel Emeric participó ayer como ponente en el marco de las VII Jornadas de Terapia Ocupacional que organiza la asociación burgalesa de estudiantes ABETO.
Emeric recordaba ante un auditorio muy joven, compuesto en su gran mayoría por mujeres (que son las que copan buena parte del alumnado en Terapia Ocupacional) que el colectivo femenino que ingresa en las prisiones españolas ha sido víctima habitual de violencia de género, tienen un mayor sentimiento de culpa por haber ingresado en la cárcel, necesitan programas específicos de reinserción pues el sistema penitenciario está diseñado orientado más hacia el 80% de sus reclusos, que son hombres, y que necesitan trabajar «para que determinadas realidades no se vuelvan a reproducir cuando salgan de prisión y se incorporen a la sociedad en las mejores condiciones posibles». La construcción de la autoestima, el desarrollo de habilidades sociales o la educación en problemas de pareja o búsqueda de salidas laborales resulta fundamental.
Esta charla fue una de las numerosas previstas en el marco de las Jornadas de Terapia Ocupacional que desde la tarde del viernes y hasta el día de ayer se desarrollaron en la Facultad de Humanidades. Noemí Calleja, vicepresidenta de ABETO y Patricia Gómez, su secretaria, explicaron que la iniciativa trata de reforzar la formación de los futuros profesionales con la experiencia de quienes vienen a impartir las conferencias y mejorar así la posible orientación laboral para cuando acaben los estudios.
La Terapia Ocupacional, como la definen sus propias estudiantes, es una disciplina sociosanitaria que trata de mejorar la calidad de vida de las personas que tienen cualquier dificultad en su actividad diaria. En lugar de un remedio puntual, utilizan la ocupación para intentar paliar múltiples limitaciones física o mentales.
Entre los asuntos abordados en las jornadas de este fin de semana en el salón de actos de Humanidades han podido aprender sobre autismo, dinámicas grupales, personas en estado vegetativo y mínima conciencia o vendaje neuromuscular. «Lo que queremos es conocer todos los ámbitos y que después de acabar la carrera sepamos por dónde podemos tirar», explicaban desde la junta directiva de el colectivo ABETO.


Fuente: Diario de Burgos

Concienciación Bullying

Curatela en el Código Civil

    
 Curatela es un sistema de protección y guarda de las siguientes personas y es la institución jurídica creada por el amparo de la persona y los bienes del mayor de edad incapacitado;

  

                      

                    Objeto:   intervención del curador en los actos que los menores o pródigos no puedan realizar por sí solos.

                    

                    Están sujetos a la curatela:

                      

                     1.º Los emancipados cuyos padres fallecieren o quedaran impedidos para el ejercicio de la asistencia prevenida por                     la Ley.

                     2.º Los que obtuvieren el beneficio de la mayor edad.

                     3.º Los declarados pródigos. (conducta personal caracterizada por la habitualidad en el derroche o disipación de los bienes propios, malgastándolos de forma desordenada)

                      

                      

                      

                     Artículos del Código Civil sobre curatela:

                      

                     Artículo 287

Igualmente procede la curatela para las personas a quienes la sentencia de incapacitación o, en su caso, la resolución judicial que la modifique coloquen bajo esta forma de protección en atención a su grado de discernimiento.

Artículo 287 redactado por Ley 13/1983, 24 octubre («B.O.E.» 26 octubre), de reforma del Código Civil en materia de tutela.

                     Artículo 288

En los casos del artículo 286, la curatela no tendrá otro objeto que la intervención del curador en los actos que los menores o pródigos no puedan realizar por sí solos.

Artículo 288 redactado por Ley 13/1983, 24 octubre («B.O.E.» 26 octubre), de reforma del Código Civil en materia de tutela.

                     Artículo 289

La curatela de los incapacitados tendrá por objeto la asistencia del curador para aquellos actos que expresamente imponga la sentencia que la haya establecido.

Artículo 289 redactado por Ley 13/1983, 24 octubre («B.O.E.» 26 octubre), de reforma del Código Civil en materia de tutela.

                     Artículo 290

Si la sentencia de incapacitación no hubiese especificado los actos en que deba ser necesaria la intervención del curador, se entenderá que ésta se extiende a los mismos actos en que los tutores necesitan, según este Código, autorización judicial.

Artículo 290 redactado por Ley 13/1983, 24 octubre («B.O.E.» 26 octubre), de reforma del Código Civil en materia de tutela.

                     Artículo 291

Son aplicables a los curadores las normas sobre nombramiento, inhabilidad, excusa y remoción de los tutores.

No podrán ser curadores los quebrados y concursados no rehabilitados.

Artículo 291 redactado por Ley 13/1983, 24 octubre («B.O.E.» 26 octubre), de reforma del Código Civil en materia de tutela.

                     Artículo 292

Si el sometido a curatela hubiese estado con anterioridad bajo tutela, desempeñará el cargo de curador el mismo que hubiese sido su tutor, a menos que el Juez disponga otra cosa.

Artículo 292 redactado por Ley 13/1983, 24 octubre («B.O.E.» 26 octubre), de reforma del Código Civil en materia de tutela.

                     Artículo 293

Los actos jurídicos realizados sin la intervención del curador, cuando ésta sea preceptiva, serán anulables a instancia del propio curador o de la persona sujeta a curatela, de acuerdo con los artículos 1.301 y siguientes de este Código.

Artículo 293 redactado por Ley 13/1983, 24 octubre («B.O.E.» 26 octubre), de reforma del Código Civil en materia de tutela.