Hace 17 años a Roberto le dijeron que «el Ayuntamiento no quiere minusválidos», pero que podía estar 15 días a prueba en el Servicio Municipalizado de Aguas y, si la superaba, podría quedarse como interino. Y se quedó. Tantos como 16 años. «Es un tipo formidable; no coge bajas, se lleva bien con todos sus compañeros y es un currante», cuentan en la hoy empresa municipal. ¿Entonces?
Su discapacidad visual nunca le impidió «estar 14 horas en una esquina regulando el tráfico o meterme a cinco metros bajo tierra; lo que hiciera falta porque me encantaba mi trabajo». Hasta que en enero de 2012 le dijeron que debía pasar una revisión médica. Lo hizo «y al día siguiente me echaron por teléfono». Se negó a firmar el despido y al final le dejaron seguir trabajando en los talleres. No era la calle, pero era un empleo «y estaba agradecido».Sin embargo, en enero de 2013 Aguas mandó a la calle a todos los empleados eventuales, sin distinción. Camuflado en un despido masivo ya no tendría muchas posibilidades de demostrar donde fuera necesario que durante más de década y media cumplió a rajatabla con todos los trabajos que le encomendaron.
Y así fue como comprobó en su propia piel que si la vida en este país se ha vuelto muy puñetera para millones de ciudadanos, para los que además cargan con alguna discapacidad es un lugar ciertamente hostil. Mucho. «Me pasé meses y meses buscando trabajo, pero a una persona con discapacidad le ofrecen muy pocos puestos y casi todos relacionados con control de calidad, que es justo lo que yo no puedo hacer», cuenta.
Tiene, eso sí, una pensión reconocida de 350 euros al mes, pero es todo lo que ingresa desde hace un año y medio. Los ahorros se agotan y sabe que tendrá que depender de sus padres para no verse en la calle y apechugar con las facturas. Su historia, llegada a este punto, rezuma una vergüenza que ninguna persona decente debería sentir, pero que está apestando el país a golpe de paro y olvido institucional.
La paradoja
«Escribí a la concejala (Carolina Blasco), hablé con ella y me ofrecí a trabajar y a cobrar lo que cuesta la multa, porque sé que se la volverán a poner este año, y al siguiente, y así hasta que cumplan la Ley. Creo que son unos 300 euros al mes; yo con eso y con la pensión podría ir tirando y estoy dispuesto a trabajar ocho horas a cambio, pero no quisieron», lamenta.
Sabe, también, que si Aguas convocara las plazas para ese 2% podría ser él o cualquier otra persona la elegida, pero lo asume con deportividad. «Al menos caería en casa de una persona en lugar de estar tirando el dinero pagando multas. Si no soy yo, que ayuden a otro», zanja. Mientras, la sanción de 2014 va creciendo.
Asumió que venían mal dadas y continuó buscando trabajo. Hasta que supo que Aguas de Burgos había sido multada durante una inspección de trabajo por no haber reservado al menos el 2% de su plantilla a trabajadores con algún tipo de discapacidad. Era el colmo. Aguas le negaba un empleo y la inspección multaba a Aguas por no contratar a alguien como él.
Fuente: Diario de Burgos
